El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a mover sus piezas dentro del aparato diplomático y esta vez la decisión alcanzó a su representación en La Habana. Daysi Ivette Torres Bosques fue apartada del cargo de embajadora de Nicaragua en Cuba apenas 50 días después de haber asumido oficialmente esa función.
La salida quedó formalizada el 27 de marzo de 2026 mediante el Acuerdo Presidencial 42-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta. Como ocurre con frecuencia en decisiones de este tipo dentro del aparato sandinista, el documento no ofrece ninguna explicación sobre las razones de la destitución.
La funcionaria había sido nombrada para ese puesto el 3 de febrero de 2026, pero su permanencia en La Habana fue extremadamente breve. El caso llama todavía más la atención porque se trata de su segunda salida en menos de dos meses. Antes de ser enviada a Cuba, Torres Bosques también había sido removida de su cargo como embajadora en Venezuela, igualmente sin una justificación pública.
La rápida sustitución vuelve a dejar al descubierto la forma en que el régimen nicaragüense maneja su política exterior: con cambios repentinos, poca transparencia y movimientos internos que rara vez son explicados a la opinión pública. En lugar de proyectar estabilidad, estas decisiones alimentan dudas sobre las tensiones o reajustes que se producen dentro de la estructura del poder en Managua.
En el caso cubano, la destitución también ocurre en un momento sensible. La relación entre Nicaragua y Cuba, dos gobiernos estrechamente alineados en la región, ha estado marcada en los últimos tiempos por ajustes que impactan de manera directa a los cubanos, sobre todo en materia migratoria. Por eso, la salida repentina de la representante nicaragüense en La Habana no pasa inadvertida y añade nuevas interrogantes sobre el rumbo de esa relación bilateral.
Aunque hasta ahora no se ha anunciado públicamente una explicación oficial ni se han detallado los motivos del relevo, el episodio encaja en una tendencia más amplia de sacudidas dentro del servicio exterior del régimen. Para muchos observadores, no se trata de un hecho aislado, sino de otra señal del estilo de control absoluto con el que Ortega y Murillo continúan gestionando las instituciones del país.