Renuncias presentadas ante la Asamblea Nacional.
Este miércoles, el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz Angulo formalizaron su salida de sus respectivos cargos ante el Parlamento venezolano.
La lectura de ambas comunicaciones en el hemiciclo activó el mecanismo constitucional para sustituir a las autoridades del llamado Poder Ciudadano.
El ahora exdefensor del Pueblo argumentó que su dimisión responde a “razones de índole personal, familiar y de salud”, según informaron fuentes oficiales.
Por su parte, Saab sostuvo que se retira tras considerar que cumplió su labor “con hidalguía y honor”, defendiendo que durante su gestión se preservó la paz y se protegieron los derechos humanos en un período que calificó de especialmente complejo para el país. Saab había ocupado la Fiscalía desde 2017 y estaba ratificado hasta 2031 antes de presentar su renuncia.
Tras aceptar las dimisiones en la misma sesión, la Asamblea Nacional procedió a nombrar autoridades encargadas:
Tarek William Saab fue designado Defensor del Pueblo encargado.
El abogado Larry Daniel Devoe Márquez fue nombrado fiscal general encargado.
El Parlamento explicó que estas designaciones serán temporales mientras se completa el proceso constitucional de selección.
La Asamblea Nacional creó una comisión de 13 diputados que tendrá la tarea de: recibir postulaciones, evaluar credenciales, y presentar candidatos para los cargos definitivos. El plazo fijado para este proceso es de 30 días.
Contexto político de los cambios.
Las renuncias se producen en un momento de alta sensibilidad política en Venezuela.
Entre los hechos recientes que enmarcan la decisión destacan la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos en febrero de 2026, destinada a promover la reconciliación nacional, y una serie de movimientos institucionales impulsados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientados a reorganizar distintos órganos del Estado.
Analistas consideran que la salida simultánea de dos figuras clave del Poder Ciudadano constituye uno de los movimientos institucionales más relevantes de los últimos años.
El foco inmediato estará en la transparencia del comité de postulaciones, el perfil de los futuros titulares, y el impacto de estos cambios en el sistema de justicia venezolano.
Por ahora, el país entra en una fase de transición institucional cuyos efectos políticos y jurídicos se verán en las próximas semanas.